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En toda la provincia de Loja, un operativo conjunto incautó 30 armas de fuego, 373 municiones letales y 11 accesorios sin permisos. Además, 256 armas en desuso serán destruidas por haber cumplido su vida útil.
En rueda de prensa realizada el pasado martes 18 de septiembre, Andrés Loachamín, capitán de Infantería y coordinador del Centro de Control de Armas de Loja, informó sobre la verificación y comiso de material bélico, como parte de un operativo coordinado entre varias instituciones del Estado. Este trabajo conjunto incluyó la participación de la Brigada de Infantería No. 7 «Loja», Inteligencia Militar, la Subzona de Policía Loja No. 11, la Policía Judicial, Criminalística, y el organismo técnico operativo COSP, apoyados por las cámaras de videovigilancia del ECU 911.
Gracias a estas acciones, se logró la incautación de 27 armas de fuego, 3 armas no letales, 373 municiones letales, 16 municiones no letales y 11 accesorios. Todo este material fue confiscado por no contar con los permisos legales correspondientes y será destruido en las próximas semanas. El procedimiento de destrucción está estipulado en el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que obliga a las autoridades a eliminar el material incautado una vez cumplido el plazo legal.
Además, la Policía Nacional de Loja entregó en calidad de baja 256 armas de fuego y 380 alimentadoras que han cumplido su vida útil. Este equipo también será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde el Centro de Control de Armas de Loja hacia un depósito de municiones en Pichincha, para su destrucción final.
De acuerdo con estadísticas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desde el año 2021 se han destruido un total de 237 armas en la provincia de Loja, como parte de las operaciones de control de armas no registradas y materiales no autorizados. Este esfuerzo busca reducir los riesgos de inseguridad y violencia en la región.
Loachamín hizo un llamado a la ciudadanía para que aquellas personas que posean armas artesanales las entreguen de manera voluntaria al Centro de Control de Armas, a fin de evitar problemas legales en el futuro. Según el Código Orgánico Integral Penal, la tenencia y porte no autorizado de armas puede llevar a penas de prisión de entre 6 meses y 22 años, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Contrabando Frontera Sur
Por su parte, Alexandra Jara Minga, gobernadora de la provincia de Loja, también se refirió al trabajo en la frontera sur. Resaltó los esfuerzos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para frenar el contrabando en la región, mencionando que ya se han llevado a cabo operativos exitosos. Aunque aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados más recientes, Jara subrayó la importancia de que la ciudadanía no normalice estas actividades ilegales y colabore con las autoridades.
La gobernadora indicó que el Gobierno está implementando medidas específicas en torno al contrabando de gasolina, una de las problemáticas más visibles en la frontera. “Es un trabajo de corresponsabilidad”, afirmó Jara, quien instó a la población a involucrarse en la solución de estos problemas que afectan la seguridad y la economía de la provincia.
