El endurecimiento del proceso para obtener el Certificado de Discapacidad en Ecuador, destinado a frenar abusos, ha generado complicaciones para personas en situación vulnerable que necesitan estos beneficios para sobrevivir.
En Ecuador, el proceso para obtener el carné de discapacidad ha experimentado un endurecimiento significativo. Este cambio responde a numerosas denuncias de abuso por parte de personas comunes y figuras políticas que han utilizado el carné para obtener beneficios fiscales y exenciones tributarias, como la exención del impuesto de circulación y del impuesto sobre la renta.
El objetivo de estas nuevas medidas es garantizar que únicamente las personas con discapacidad legítima puedan acceder a estos beneficios, cabe recalcar que ahora ya no se emite un carné de discapacidad sino un certificado de discapacidad. Según Alba Zaruma Sánchez, Responsable Zonal de Discapacidades, Rehabilitación y Recuperación, el proceso de calificación y recalificación está en manos del Ministerio de Salud Pública desde que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) transfirió esta responsabilidad.
Desde el año pasado, el Reglamento 0227 establece nuevos lineamientos para la calificación de discapacidades. El proceso ahora requiere una valoración integral por parte de un equipo conformado por un médico, un psicólogo y un trabajador social, quienes determinan el grado de discapacidad basado en las secuelas irreversibles que afectan la vida rutinaria de la persona, y no solo en la enfermedad diagnosticada.
En medio de este endurecimiento, historias como la de Francia Guachizaca ponen de relieve la urgencia y la sensibilidad del tema. Doña Francia, quien padece de Parkinson y vive sola tras ser abandonada por su hijo, sobrevive con un bono mensual de $50, insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Ha solicitado ayuda a las autoridades del MIES y del CONADIS sin éxito. Sin embargo, tras la intervención de la prensa, las autoridades de salud han comenzado a tomar medidas para evaluar y atender su caso.
«Desde que estoy de responsable no he recibido la denuncia de la señora Guachizaca, pero ya estamos haciendo las valoraciones respectivas para brindarle toda la atención necesaria», afirmó la vocera de la institución. Esta respuesta muestra el compromiso de las autoridades para atender casos urgentes y garantizar que las personas con discapacidad reciban el apoyo que necesitan.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Ecuador, establece la necesidad de proteger a las personas con discapacidad ante todas las formas de explotación, violencia y abuso. Organizaciones como Plena Inclusión han habilitado formularios en línea para denunciar casos de abuso, subrayando la importancia de una vigilancia continua y un sistema justo y accesible.
El endurecimiento del proceso de obtención del carné de discapacidad es una medida necesaria para frenar el abuso del sistema y garantizar que los recursos y beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen con sensibilidad y eficiencia para no perjudicar a quienes, como doña Francia, dependen de estos apoyos para una vida digna.
Proceso para obtener el certificado
Desde el año pasado, el proceso para obtener el certificado de discapacidad en Ecuador ha cambiado significativamente. Anteriormente, se otorgaba un carné, pero ahora se expide un certificado tras una evaluación integral. Este proceso se inicia presentando la cédula de identidad y una solicitud de acreditación en un establecimiento de salud acreditado.
Un equipo calificador, compuesto por un médico, un psicólogo y un trabajador social, realiza una valoración exhaustiva de las secuelas irreversibles que afectan la vida diaria del solicitante. Este equipo determina el porcentaje de discapacidad, y si supera el 30%, se emite el certificado correspondiente. El trámite es completamente gratuito y puede iniciarse a través de canales como WhatsApp, Messenger y la línea gratuita 171, opción 4, o acercándose directamente a estadística en la institución de salud para solicitar un turno.
Si el solicitante no obtiene una calificación del 30% de discapacidad, se le entrega un certificado de no acreditación. Esto se debe a que el proceso no califica la enfermedad en sí, sino las secuelas irreversibles que impiden al individuo llevar una vida rutinaria. Las secuelas se evalúan en conjunto con especialistas, determinando si, pese a tratamientos o cirugías, no hay mejoría significativa. Algunas discapacidades evidentes no requieren respaldo de especialistas, siendo evaluadas directamente por el médico calificador, conforme a los lineamientos del 5 de diciembre de 2023.
Desde el año pasado, se han otorgado más de 866 certificados de discapacidad, según un corte hasta abril de este año, distribuidos por equipos calificadores en diversas zonas.
