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La terminación unilateral del contrato con Simar Constructores, decidida por el Municipio de Loja, genera disputas legales. La constructora asegura que la audiencia judicial está programada para el 29 de noviembre de 2024.
El conflicto entre el Municipio de Loja y la empresa Simar Constructores S.A. mantiene en incertidumbre la culminación de la pavimentación de 10 barrios de la ciudad. Tras la terminación unilateral del contrato 104-2021 por parte del Municipio el pasado 3 de octubre, ambas partes han emitido comunicados en los que exponen sus posturas y señalan responsabilidades. Esta controversia, que impacta directamente a los ciudadanos de barrios como El Rosal, Pitas II y Cacefca, ha motivado a la ciudadanía a expresar su preocupación ante el posible retraso en las obras, que originalmente debían mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
El contrato en cuestión, suscrito el 23 de agosto de 2021 durante la administración del exalcalde Jorge Bailón Abad, contemplaba la pavimentación de 10 barrios de Loja. De esos sectores, tres han sido entregados de forma provisional, cuatro están paralizados, y en los tres restantes no se ha avanzado. La actual administración, liderada por el alcalde Franco Quesada, atribuyó la terminación del contrato a incumplimientos por parte de la empresa, apoyándose en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Según comunicó el pasado 12 de octubre, Andrea Yunga, subdirectora de Obras Públicas, el Municipio decidió intervenir directamente en los barrios afectados desde el 22 de octubre, comenzando con el barrio El Rosal.
“El objetivo es garantizar que la ciudadanía cuente con la pavimentación que merece. Nos hemos asegurado de que el proceso administrativo sea riguroso, pues sabemos que los habitantes han esperado mucho tiempo por esta obra”, expresó Yunga.
Por su parte, Edgar Salazar, abogado de Simar Constructores, en una reciente rueda de prensa, sostuvo que la empresa ha cumplido con sus obligaciones contractuales y responsabiliza al Municipio de no haber facilitado los estudios técnicos y la firma de contratos complementarios necesarios para ejecutar las obras adecuadamente. Según Salazar, Simar ha emitido más de 27 oficios solicitando documentación técnica que consideran fundamental para una intervención de calidad. “La administración ha actuado sin considerar la seguridad jurídica y ha tomado decisiones unilaterales”, indicó el abogado, quien también argumenta que el municipio debe asumir su responsabilidad en cuanto a la entrega de estudios integrales.
Salazar menciona que la empresa, en mayo de 2024, interpuso una demanda en contra del Municipio de Loja, con una audiencia fijada para el 29 de noviembre. En este proceso judicial, Simar buscará esclarecer responsabilidades y podría solicitar indemnización por daños ocasionados debido al incumplimiento del contrato y los perjuicios que, según afirman, han afectado tanto a la empresa como a los ciudadanos de Loja. “El artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos prohíbe la terminación unilateral de contratos en medio de una acción contenciosa. El Municipio ha pasado por alto este principio”, subrayó Salazar.
Además, Salazar anunció que la empresa presentará nuevas demandas en busca de resarcimiento por los perjuicios económicos causados. Estima que el conflicto con el Municipio puede impactar negativamente a los habitantes de Loja, quienes verán retrasadas las mejoras de infraestructura necesarias en sus barrios. En palabras de Salazar: “Este conflicto no es solo un problema para Simar, afecta a toda la comunidad, que espera soluciones integrales y duraderas en su infraestructura vial”.
Mientras tanto, el Municipio mantiene su posición de continuar las obras bajo su propia gestión y ha asegurado a los líderes barriales que los trabajos serán retomados progresivamente. Sin embargo, el ambiente de tensión y los reproches públicos no dejan de generar inquietud en los residentes de los barrios, quienes aguardan una solución que garantice la culminación de las obras de pavimentación. (YP)
