By Acción de protección busca asegurar vivienda digna para los afectados y prevenir nuevas vulneraciones a sus derechos.
La audiencia para verificar el cumplimiento de la sentencia constitucional que ordena la reubicación de los habitantes del proyecto habitacional Jardines del Punzara, cuyas viviendas fueron declaradas inhabitables, fue suspendida debido a la falta de un informe del Defensor del Pueblo. La jueza a cargo del caso otorgó un plazo de 22 días hábiles para que se presente el documento y se reinstale la audiencia.
Esta situación se originó a partir de una acción de protección presentada por los afectados con el objetivo de garantizar su derecho a una vivienda digna. En 2023, la Corte Constitucional determinó que se habían vulnerado sus derechos y ordenó la demolición de las viviendas en dos fases, con reubicaciones temporales y la construcción de nuevas casas en un plazo de hasta dos años y dos meses.
Sin embargo, hasta la fecha, las disposiciones de la sentencia no se han cumplido, lo que llevó a una nueva audiencia el pasado miércoles 19 de febrero. Durante esta sesión, la jueza solicitó información adicional al Defensor del Pueblo y, ante su ausencia, decidió aplazar la audiencia, otorgando un plazo de 22 días para la presentación del informe.
Si el incumplimiento persiste, las autoridades responsables podrían enfrentar sanciones, como multas e incluso procesos de destitución por desacato a la sentencia constitucional.
