En 2020 los ediles de la anterior administración, presentaron la denuncia formal ante las irregularidades existentes en el contrato de donación de motobombas desde Estados Unidos.
El pasado martes 27 de febrero de 2024, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Patricio Zhapa, exdirector Administrativo del Cuerpo de Bomberos de Loja (CBL). Este evento judicial, relacionado con el proceso en su contra, marca el punto final de un largo camino legal.
Antecedentes
En su momento, el acusado manifestó, a través de una rueda de prensa, que el 29 de septiembre del 2019, que quien cumplía las funciones de Jefe Operativo del Cuerpo de Bomberos solicitó que se fortalezca el parque automotor con la adquisición de dos autobombas, un vehículo escalera y una ambulancia. Un grupo de concejales inició una fiscalización y meses después entregaron un informe al exalcalde Jorge Bailón (+)
Posteriormente, se desarrolló una reunión para la adquisición de los vehículos, contactando al presidente de la Fundación Fire Science S., Gonzalo Pazmiño, en Estados Unidos, y se elaboró un contrato de donación el 23 de enero de 2020.
El 6 de febrero del 2020 se efectivizó el contrato y el 13 del mismo mes se efectuó una transferencia desde el Banco Central a esta fundación generando la primera duda cuando surge un aparente contrato firmado en marzo para el apoyo de equipamiento y materiales que ascienden a un valor de $58.000.
En su momento, el informe de la CGE reveló que durante el período 2016 – 2020, pero principalmente 2019 y 2020, cuando la administración estuvo a cargo de Zhapa, se adquirieron motobombas en Estados Unidos, hubo adelanto de sueldos, insumos de bioseguridad y uniformes para el personal. “El documento de la CGE nos da la razón, en el caso de las motobombas se demuestra que hay desfalco a las arcas de la institución en más de $160 mil que no fueron justificados por el director administrativo en su tiempo”, sostuvo Santiago Erráez, concejal que presentó la denuncia en 2021 cuando estaba en la administración anterior.
Pronunciamiento
Tras varios años de espera, finalmente el 27 de febrero de 2024, en la instancia judicial, se lograron enunciar indicios de responsabilidad que apuntan al delito de peculado y se ha requerido que Fiscalía solicite medidas cautelares, mismas que fueron acogidas por el Juez, donde se estableció la presentación periódica cada 15 días, prohibición de salida del país, inmovilización de cuentas por $ 168,000.
Esta decisión judicial ha sido respalda con el informe de Contraloría, que a pesar de no ser vinculante, establecería la existencia de indicios de responsabilidad penal. Asimismo, detalla la falta de justificación de $ 170,000 aproximadamente en gastos, hecho que se considera como irregular y por ende se habría dispuesto inmovilizar de las cuentas del procesado.
