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En Loja, el Consejo de la Judicatura paga alrededor de USD 23 mil mensuales en arriendos. Un concurso de contratación buscará reducir este costo en un 45%, la ciudadanía espera que se priorice la transparencia.
Loja se ha convertido en la tercera provincia de Ecuador donde el Consejo de la Judicatura (CJ) paga más por concepto de arrendamiento, destinando alrededor de USD 23 mil mensuales para este rubro. La alarmante cifra, que contrasta con la modesta población de la provincia, ha generado preocupación y ha motivado a las autoridades a tomar medidas para reducir este gasto.
Pablo Piedra Vivar, director provincial del CJ en Loja, brindó detalles sobre la situación actual del arriendo de inmuebles para la función judicial en la provincia. El edificio que alberga la sede principal del CJ en Loja fue inaugurado en 2012, luego de la demolición de la estructura anterior. Sin embargo, la nueva construcción resultó ser insuficiente para alojar a todas las dependencias judiciales, como la Corte Provincial de Justicia y el archivo general, lo que obligó a las autoridades a arrendar inmuebles adicionales.
Desde 2012 hasta 2024, se ha pagado más de USD 3 millones en arriendos, un gasto considerable para una provincia que, en términos de población, no es una de las más grandes del país. Ante esta realidad, Piedra explicó que la dirección nacional administrativa del CJ emitió en marzo de 2024 un informe que situaba a Loja como la tercera provincia del país en términos de mayor gasto en arrendamientos, una situación que, según el director, debe ser corregida.
«Nos encontramos organizando un conjunto de procesos de contratación especial de arrendamiento, con un estudio de mercado actualizado, que permita la reducción del costo del arriendo», afirmó Piedra Vivar. Como ejemplo de esta política de reducción, mencionó el caso de un inmueble en el que funcionaba la Corte Provincial de Justicia, cuyo contrato de arrendamiento, que vencía en marzo de 2024, se ha ido renegociando a la baja en los últimos años. Inicialmente, en 2012, se pagaban USD 10 mil mensuales por dicho espacio, cifra que en 2023 se redujo a USD 8.642, y actualmente se sitúa en USD 8.500.
No obstante, Piedra indicó que se ha decidido no renovar automáticamente este contrato y, en su lugar, lanzar un nuevo concurso público con un presupuesto referencial de USD 5.500 mensuales, lo que representaría una reducción del 45% respecto a los valores anteriores. El proceso, que llegó a estar en la etapa precontractual, tuvo que ser paralizado debido a observaciones realizadas por las autoridades nacionales, lo que llevó a declarar el concurso desierto. Sin embargo, un nuevo proceso se lanzará en los próximos días, con la expectativa de seleccionar al nuevo proveedor a finales de septiembre.
Piedra concluyó subrayando la importancia de optimizar el uso de los recursos públicos y aseguró que la reducción de los cánones de arrendamiento permitirá destinar esos fondos a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales y la calidad del servicio a los usuarios.
Estos resultados ponen en evidencia la mala planificación y gestión de recursos públicos que ha afectado a Loja durante más de una década. Es crucial que las autoridades actúen con mayor transparencia y responsabilidad, no solo para corregir estos errores del pasado, sino para asegurar que los recursos ahorrados realmente se traduzcan en beneficios tangibles para los usuarios del sistema judicial, quienes merecen un servicio digno y ágil.
