De no acatarse la orden judicial, se impondrán sanciones económicas del 20% del salario básico a los funcionarios responsables, entre ellos el alcalde y el procurador municipal.
La mañana del miércoles 7 de mayo, un grupo de moradores del barrio Ciudad Victoria se movilizó hasta la Corte Provincial de Justicia de Loja para bridar su apoyo a 46 familias que deben ser reubicadas por orden judicial debido a los daños estructurales en sus viviendas. Esta acción forma parte del juicio Nro. 11282202201993, impulsado por 88 propietarios afectados y que cuenta con el respaldo de los abogados César Guerrero y José Luis Silverio.
Durante la audiencia pública, la jueza del caso concedió un nuevo plazo de 60 días al Municipio de Loja para cumplir con la reubicación de las familias en viviendas con condiciones de funcionalidad equivalentes. De no acatarse la orden judicial, se impondrán sanciones económicas del 20% del salario básico a los funcionarios responsables, entre ellos el alcalde y el procurador municipal.
Marcos Valle, presidente del barrio Ciudad Victoria, explicó que la movilización tuvo como objetivo principal respaldar a este grupo de vecinos que ya cuentan con una sentencia favorable. “Acompañamos esta audiencia para exigir el cumplimiento de la sentencia. La jueza dio al Municipio la opción de construir o comprar viviendas, pero debe entregar soluciones reales y habitables”, señaló Valle.
Una de las opciones planteadas por el Municipio es la adquisición de viviendas en el proyecto Alcázar de Jipiro, del BIES. Sin embargo, durante la audiencia no se presentó una propuesta concreta ni se evidenció avance en el trámite de compra.
Además de las 46 familias incluidas en la sentencia, otras 42 se encuentran en proceso de actualización de peritajes para acceder también al beneficio de reubicación. Por otra parte, se están organizando nuevos grupos de acción de protección, con al menos 100 propietarios más que buscan sumarse al proceso legal con asesoría comunitaria.
Valle también mencionó que existen muchas más viviendas afectadas fuera del marco del juicio actual. “Estamos trabajando con el Gobierno Nacional y el MIDUVI para reubicar a estas familias en situación de vulnerabilidad. El Municipio debe entregar un terreno seguro con todas las condiciones para que se puedan construir nuevas viviendas”, añadió.
Finalmente, el líder barrial advirtió que la comunidad permanecerá vigilante ante el cumplimiento del plazo judicial. “Estamos expectantes. Si no vemos avances reales, nos movilizaremos nuevamente. No vamos a permitir más incumplimientos. La lucha por soluciones definitivas y justas en Ciudad Victoria continúa”, concluyó.