By Presentó su renuncia tras 15 meses en el cargo debido a obstáculos institucionales y falta de apoyo.
Pablo Piedra, director provincial del Consejo de la Judicatura en Loja, presentó su renuncia ante el Pleno del Consejo, alegando falta de respaldo de sus superiores para implementar mecanismos transparentes en la contratación de servicios, especialmente en lo relacionado con el arrendamiento de oficinas mediante el Sistema de Contratación Pública (SERCOP).
Piedra denunció que, a pesar de sus intentos por reducir y sincerar los precios que históricamente pagaba el sistema judicial por conceptos de arriendo, los procesos de contratación fueron suspendidos en dos ocasiones sin explicación alguna. El primero, lanzado en septiembre de 2024, fue detenido hasta diciembre, y el segundo, iniciado en 2025, fue nuevamente suspendido el pasado viernes, según explicó en declaraciones.
“He estado en este cargo durante 15 meses, y en este tiempo creo que hemos hecho algunas cosas interesantes”, dijo Piedra, quien también destacó que durante su gestión se incrementó la tasa de resolución de causas judiciales en la provincia, ubicando a Loja por encima del promedio nacional, pese a contar con nueve vacantes en el sistema.
El ahora exfuncionario señaló que su objetivo fue siempre optimizar los recursos públicos, pero se encontró con obstáculos estructurales y falta de voluntad política para respaldar procesos abiertos y competitivos. “Nosotros cada 15 días pedíamos formalmente al SERCOP que nos informe por qué esta suspensión, pero nunca nos contestaron”, afirmó.
Piedra asumió el cargo el 18 de enero de 2024, tras ser designado por el pleno del Consejo de la Judicatura. Al inicio de su gestión, expresó que “no le temblará la mano para hacer cumplir las normas disciplinarias de la institución, tanto a funcionarios administrativos como judiciales”, siempre respetando las competencias jurisdiccionales de los jueces. Además, en ese momento destacó su compromiso de comunicar las necesidades de la provincia en materia de justicia a las autoridades nacionales, con el objetivo de impulsar una asignación equitativa de recursos.
