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La iniciativa, presentada por la asambleísta Johanna Ortiz, propone reformas al Código Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico del Ambiente para sancionar con más severidad los incendios forestales provocados y regular las quemas agrícolas.
En respuesta a los recientes incendios forestales que afectaron a Quilanga, Loja, y otras localidades de Ecuador, la asambleísta lojana Johanna Ortiz presentó su décimo tercer proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Este nuevo cuerpo normativo busca reformar el Código Integral Penal (COIP) y el Código Orgánico del Ambiente con el objetivo de establecer una mayor vigilancia sobre las quemas agrícolas y endurecer las sanciones contra quienes provoquen incendios de manera intencional.
La propuesta nace como una medida preventiva tras la devastación de miles de hectáreas de vegetación y la pérdida de fauna silvestre, medios de producción y bienes económicos, consecuencias de los incendios forestales ocurridos en diversas zonas del país. Ortiz subrayó que, si bien las quemas agrícolas son parte de la cultura de los campesinos ecuatorianos, es crucial que estén bajo la supervisión de las autoridades competentes para evitar desastres como el ocurrido en Quilanga.
“Proponemos sancionar con hasta siete años de prisión a quienes provoquen intencionalmente incendios forestales, y en casos de afectaciones graves como daños a viviendas o pérdidas humanas, las penas podrían ascender a 16 años”, detalló la legisladora. La normativa también contempla la regulación estricta de las quemas agrícolas para que estas no se conviertan en una amenaza para el entorno natural y la seguridad de las comunidades.
El proyecto de ley ha iniciado su trámite legislativo tras cumplir con los requisitos correspondientes, abriendo el debate en torno a la necesidad de controlar de forma más efectiva las actividades que implican riesgos ambientales.
