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La reapertura de locales clausurados en Loja ha generado preocupación en la ciudadanía, que cuestiona la seguridad de estos establecimientos y la eficacia de las sanciones impuestas por ARCSA.
En los últimos meses, varios locales de comida y centros de abasto en la ciudad de Loja han sido clausurados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) debido a incumplimientos en las normas sanitarias. Sin embargo, la rápida reapertura de algunos de estos establecimientos ha despertado dudas entre los ciudadanos, quienes se preguntan si es seguro consumir en ellos y si las sanciones se están aplicando de manera justa y efectiva.
Durante una entrevista con La Hora, Josselyn González, Coordinadora Zona 7 de ARCSA, explicó que la institución se rige por un cronograma anual de inspecciones y sanciones, establecidas en función de la gravedad de las infracciones. Según González, tras la clausura, los establecimientos deben realizar las correcciones necesarias y someterse a una nueva inspección para reabrir sus puertas. «Nuestro objetivo es salvaguardar la salud de la población, y por eso trabajamos en conjunto con los propietarios para que los establecimientos puedan corregir las deficiencias y volver a operar de manera segura», afirmó González, enfatizando que las reaperturas solo se autorizan tras verificar que los problemas han sido solucionados.
A pesar de estas afirmaciones, la realidad que perciben tanto ciudadanos como dueños de locales comerciales es otra. Varios propietarios han expresado su inconformidad, asegurando que algunos locales han reabierto sin haber pagado las multas correspondientes o antes de cumplir con el periodo de clausura estipulado.
Edgar Romero, líder técnico de la Zona 7 de ARCSA, detalló que las clausuras pueden ser temporales o definitivas, dependiendo de la gravedad de las infracciones encontradas durante las inspecciones. En los casos de clausura temporal, se establecen plazos específicos para que los propietarios realicen las modificaciones necesarias antes de una nueva inspección que, si es superada, permite la reapertura del local. «El proceso sancionatorio incluye una revisión exhaustiva y se asegura que el establecimiento cumpla con todas las regulaciones antes de autorizar su reapertura», indicó Romero. El técnico también dejó en claro que la planificación de los controles no se divulga para evitar alertar a los infractores.
La agencia, como organismo de control, tiene la responsabilidad de garantizar que las sanciones no sean meramente simbólicas, sino que cumplan con su objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y proteger a los consumidores. Es crucial que ARCSA no solo actúe con rigor en la clausura de locales, sino que también asegure que las reaperturas se realicen bajo condiciones estrictas y transparentes, con el objetivo de evitar que los infractores reincidan y garantizar la confianza de la ciudadanía.
