Se acorta el tiempo y aún no se revisa la tarifa del transporte urbano

El alcalde de Loja tiene hasta el 18 de enero para emitir un pronunciamiento sobre este asunto; en caso de no hacerlo, podría enfrentar una posible destitución. Además, se ha considerado la paralización del servicio.

En la reciente sesión de Cabildo del 21 de diciembre de 2023, presidida por la alcaldesa encargada Diana Guayanay, se esperaba incluir en el orden del día la revisión de la tarifa del pasaje del transporte urbano en Loja. A pesar de las declaraciones previas de la autoridad sobre la inclusión del tema, este nuevamente no fue abordado, generando malestar en el sector del transporte de la ciudad.

Situación

Iván Ludeña, concejal y presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, expresó su asombro ante la falta de decisión sobre un tema que ha pasado por varios alcaldes sin ser tratado en el Cabildo.

Entre las administraciones de Jorge Bailón (+) y Patricia Picoita, se presentó una acción de protección para obligar al Municipio de Loja a incluir la revisión de la tarifa en el orden del día de las sesiones. “Situación que no ha ocurrido hasta el momento; de manera obligatoria, el alcalde debe realizar una respuesta motivada al juez sobre qué parámetros se analizaron para concretar o no el posible incremento del pasaje”, aseguró Ludeña.

Destacó que el alcalde tiene tiempo hasta la próxima sesión para tratar la situación. El proceso implica tres instancias: inclusión en el orden del día, primer debate y discusión en la comisión, y finalmente, segundo debate y votación en la siguiente sesión. La comisión ya ha emitido su pronunciamiento sobre la revisión de la tarifa, entregando al burgomaestre para proceder con el tratamiento, en caso de no haber un pronunciamiento hasta la fecha señalada a la sentencia constitucional, se convertiría en causal para la destitución de la autoridad.

Reacciones

Marco Flores, dirigente de la Cooperativa 24 de Mayo, expresó preocupación ante la falta de avances y la proximidad del plazo. Mencionó la necesidad de una resolución firme, considerando la justicia social en la fijación de la tarifa. “Esto debió tener un tratamiento con anticipación, con anterioridad (…) si la tarifa socialmente justa es menor a la técnica, es obligación de los GADs ajustarla hasta que se cumpla la tarifa técnica”.

Suspensión de actividades

Flores mencionó que existe “cierta presión” por parte de algunos asociados para efectuar una posible paralización del servicio, derecho que se encuentra estipulado dentro de la Constitución de la República del Ecuador. “Como dirigente de nuestra cooperativa, estamos calmando para evitar llegar hasta esa situación”.

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