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La Fiscalía inició la formulación de cargos contra una persona sospechosa por el incendio en San Pedro de Vilcabamba. De ser declarada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 3 años de prisión. Sin embargo, si se confirman circunstancias agravantes, la condena podría extenderse.
La parroquia San Pedro de Vilcabamba fue escenario de devastadores incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas de vegetación. Este desastre afectó también a zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, un área protegida de vital importancia ecológica. A partir de estos hechos, las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables.
Tras semanas de indagaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la formulación de cargos contra un presunto responsable del incendio que inició en el barrio El Prado, de la parroquia Malacatos, y que se extendió hasta San Pedro de Vilcabamba, afectando zonas protegidas.
Investigación y recopilación de pruebas
Bella Castillo, fiscal encargada del caso, confirmó que se ha reunido evidencia suficiente para procesar a la persona sospechosa. “Se ha realizado una investigación conjunta con la Policía Nacional, el apoyo del Comandante Provincial, las Unidades Especializadas en Delitos Ambientales (UNIDCAN), la Policía Judicial y los sistemas de inteligencia. Esto nos ha permitido identificar a la persona que presuntamente inició el incendio forestal”, explicó Castillo.
La Fiscalía también ha contado con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Loja, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y los habitantes del sector, quienes aportaron información clave sobre el origen del fuego y las circunstancias en las que ocurrió. Estas pruebas serán fundamentales para determinar las responsabilidades legales del sospechoso.
Impacto ambiental y consecuencias legales
El incendio, ocurrido en octubre y noviembre, causó la pérdida de extensas áreas de flora y fauna, provocando daños irreversibles a la biodiversidad local. “En el caso de San Pedro de Vilcabamba no tenemos evidencia de que haya sido un acto relacionado con terrorismo. Sin embargo, la quema afectó directamente áreas protegidas”, destacó Castillo.
De acuerdo con el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena para este tipo de delitos ambientales puede alcanzar los tres años de prisión si no se encuentran circunstancias agravantes. La fiscal explicó que, si existen factores agravantes, la sanción podría aumentar conforme lo establece la norma. Además, se está trabajando en la cuantificación económica de los daños, aunque algunos bienes, como la vida de los animales perdidos, son irrecuperables.
Art. 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Si este tipo de actos se cometen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en ecosistemas frágiles y amenazados como páramos, manglares, bosques secos, nublados o húmedos y como producto de estos actos se cause erosión de los suelos o afectación a especies de la flora y fauna protegidas por convenios, tratados internacionales o listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, se aplicará el máximo de la pena aumentada en un tercio.
Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, de conformidad con la normativa ambiental vigente. Si estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses.
Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años
“Hoy se está procesando el caso de San Pedro de Vilcabamba, pero la Fiscalía ha iniciado investigaciones en todos los incendios registrados en la provincia. Esto incluye no solo la identificación de responsables, sino también el análisis de las condiciones que permitieron que estos siniestros se propagaran”, indicó Castillo.
Preocupación comunitaria y compromiso ambiental
La comunidad local y las autoridades ambientales han manifestado su alarma por las graves consecuencias de este incendio. Además de la destrucción de hábitats naturales, el fuego representó una amenaza para la integridad del Parque Nacional Podocarpus, una de las reservas ecológicas más importantes del país.
El caso de San Pedro de Vilcabamba pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección contra incendios forestales, así como de aplicar sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de estos actos. Mientras tanto, la Fiscalía continuará recabando pruebas en otros casos similares y llevando adelante los procesos legales correspondientes, con el objetivo de garantizar justicia para la comunidad y el medio ambiente.
Este incidente también ha generado un debate sobre la responsabilidad compartida en la conservación del entorno natural. Organizaciones ambientales reiteran la importancia de implementar campañas educativas que sensibilicen a la población sobre el impacto de las quemas y otros actos que ponen en peligro los ecosistemas.
Con el inicio de este proceso judicial, se espera que el caso sirva como precedente para prevenir futuros incendios y fortalecer las acciones de cuidado ambiental. La justicia determinará si el acusado es culpable y, de ser así, establecerá las sanciones correspondientes para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a uno de los patrimonios naturales más valiosos del Ecuador.
