La decisión, tomada por razones de seguridad nacional, afecta la dinámica social y productiva del cantón fronterizo.
El cierre del Puente Internacional de Macará, dispuesto por el Gobierno Nacional a partir del 24 de diciembre y sin una fecha definida para su reapertura, ha generado malestar e incertidumbre en la población fronteriza, considerando que, la medida establece que los únicos accesos habilitados para el ingreso y salida del país sean el puente de Rumichaca, al norte, y Huaquillas, al sur, dejando inactivo a otros pasos históricos como el caso del cantón Macará.
En territorio peruano, la circulación vehicular y peatonal se mantiene con normalidad hasta el puente internacional; sin embargo, del lado ecuatoriano la situación es distinta. La movilidad se paraliza en el ingreso al Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF), afectando directamente a transportistas, comerciantes y ciudadanos que dependen de la dinámica fronteriza para subsistir.
Cristóbal Navarro, presidente del servicio de transporte en el CEBAF Macará y quien durante años se ha dedicado al transporte de personas entre Ecuador y Perú, comenta que esta actividad le ha permitido sostener a su familia, pero hoy se encuentra sin ingresos y sin actividad desde el cierre fronterizo. “Estoy aquí con los brazos cruzados, sin poder hacer nada. Si no nos dan trabajo, que no nos quiten lo poco que tenemos. Esta decisión es irracional e incomprensible”, acotó. Además agregó que deja sin trabajo a los transportistas, gente que vive del día a día de esta actividad, los cuales pierden al menos el 50 % de sus ingresos.
Desde el Gobierno Nacional se ha indicado que la concentración del tránsito internacional en Rumichaca y Huaquillas responde a criterios de seguridad nacional, sustentados en análisis técnicos y de inteligencia. Según el Ejecutivo, la medida busca combatir al crimen organizado, cerrar el paso a economías ilegales y prevenir delitos como el contrabando, la trata de personas, la minería ilegal y el sicariato.
En este contexto, autoridades nacionales informaron que se mantienen mesas de trabajo con alcaldes y representantes de asociaciones productivas de la provincia de Loja, con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y coordinar acciones, sin debilitar el control fronterizo. El Gobierno reiteró que se trata de una estrategia integral de seguridad para proteger la vida y garantizar fronteras seguras y ordenadas.
El impacto del cierre fronterizo también ha obligado a reconfigurar rutas de transporte. Es el caso de la Cooperativa de Transportes Loja, la cual suspendió los recorridos por la frontera sur y ahora opera la ruta Loja–Huaquillas–Piura. Su presidente, Wilson Espinosa, señaló que no existe una fecha definida para la reapertura del paso en Macará y que el desvío por Huaquillas implica mayores costos debido a la distancia, aunque permite mantener el servicio hacia el norte del Perú.
Ante esta situación, el Municipio de Macará emitió un pronunciamiento oficial en el que expresa su preocupación por la medida anunciada por Cancillería. Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la seguridad, pero consideran que debe hacerse con mayor presencia institucional, control efectivo, inversión y coordinación binacional, sin afectar la dinámica social, económica y humana de la frontera.
El cabildo macareño solicitó aclarar el alcance y la duración del cierre, e hizo un llamado a un diálogo directo con autoridades provinciales y nacionales, así como con alcaldes de cantones fronterizos, para apoyar las tareas de seguridad sin perjudicar a la población fronteriza.
