Tras su remoción del cargo de exalcalde de Loja, Franco Quezada presentó una acción extraordinaria de protección que ya fue remitida por el Tribunal Contencioso Electoral a la Corte Constitucional para su análisis y posible admisión.
El caso de la remoción del exalcalde de Loja, Franco Quezada, continúa en el ámbito judicial. Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara y oficializara el pedido de remoción, el exburgomaestre interpuso una acción extraordinaria de protección, la cual fue remitida el pasado 21 de agosto a la Corte Constitucional.
El jurista Hernán Jiménez explicó que este mecanismo se ampara en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que permite a cualquier ciudadano alegar vulneración de derechos constitucionales cometida por jueces o autoridades. En este caso, Franco Quezada sostiene en la acción extraordinaria que se violentó su derecho a la defensa y el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, considerando que en mayo del presente año se archivó el intento anterior de remoción impulsado por el concejal Santiago Erráez.
Sin embargo, el especialista advierte que estos argumentos podrían no ser admitidos. “Yo considero que no se ha vulnerado el debido proceso ni los plazos legales en el procedimiento de remoción. Lo primero que hará la Corte es revisar la admisibilidad de la acción, y si no se observa una vulneración de derechos, el recurso será inadmitido”, señaló el profesional del derecho.
La Corte Constitucional tiene un plazo de 10 días laborables para calificar la admisibilidad del caso, aunque, según el jurista, por la alta carga procesal, estos plazos suelen extenderse. En caso de ser admitida, la acción pasaría a conocimiento de un tribunal de tres jueces que deberán analizar de fondo si efectivamente se vulneraron derechos constitucionales.
De acuerdo con Hernán Jiménez, este proceso de análisis podría demorar incluso varios años. “Si esta acción llega a tramitarse, la resolución se podría conocer en 2026 o 2027, cuando ya incluso Loja tendría una nueva administración municipal”, afirmó.
Mientras tanto, la situación genera expectativa en la ciudad, ya que lo que resuelva la Corte Constitucional será definitivo y no podrá ser apelado.
